Japón inicia un debate sobre la imposición de un límite al número de residentes extranjeros

El 7 de agosto, el gobierno de Japón inició oficialmente el debate sobre la limitación de su población extranjera, al tiempo que se convocó por primera vez un grupo de trabajo de alto nivel para debatir una futura política de inmigración.

El grupo, presidido por Hiroshi Ohashi, profesor de la Universidad de Tokio, tiene la tarea de analizar las proyecciones de población extranjera y evaluar su impacto en la economía, la seguridad social y las comunidades locales.

Basándose en sus conclusiones, el gobierno pretende finalizar una política fundamental para finales de este año fiscal.

En el debate se sopesarán diversos enfoques, incluido un límite basado en la proporción de extranjeros en la población total y topes numéricos para estatus de residencia específicos.

Esta revisión formal culmina el acuerdo de coalición alcanzado el otoño pasado entre el gobernante Partido Liberal Democrático y Nippon Ishin (Partido de la Innovación de Japón).

Si bien Ishin había exigido un límite máximo estricto, el término se suavizó y se convirtió en el más ambiguo «control cuantitativo» en el pacto final para evitar lo que un ejecutivo de Ishin denominó «una fuerte reacción adversa» dentro del PLD.

La ministra Kimi Onoda, responsable de supervisar esta política, ya ha manifestado su apoyo, haciendo referencia explícita a la cláusula de gestión cuantitativa en una rueda de prensa celebrada el 24 de julio.

Un funcionario del gobierno confirmó: «Onoda comparte la misma opinión que Ishin», una postura que la enfrenta a algunos miembros de su propio partido.

Dentro del PLD, los límites rígidos encuentran una fuerte resistencia, alimentada por la presión del sector empresarial y las zonas rurales que luchan contra una grave escasez de mano de obra.

El lenguaje político de la lucha semántica refleja este conflicto interno, y una fuente de Ishin advierte: «Deberíamos al menos establecer una política de contención cuantitativa» para evitar futuros retrocesos.

La urgencia del debate se ve acentuada por los cambios demográficos.

La población de Japón se redujo en 470.000 personas el año pasado, hasta alcanzar los 122,98 millones, mientras que su población extranjera creció en 420.000 personas, hasta los 3,9 millones, lo que representa el 3,2 por ciento del total, según datos del Ministerio del Interior.

Una proyección de 2023 del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social estimó que la población extranjera en Japón podría alcanzar el 10 por ciento, un nivel que a menudo se asocia con fricciones sociales en las naciones occidentales, para el año 2070.

Sin embargo, el exministro de Justicia, Keisuke Suzuki, advirtió que ese umbral podría superarse «mucho antes».

Una propuesta concreta que se baraja en el gobierno es extender los límites numéricos (que ya se utilizan para ciertos visados ​​de trabajadores cualificados) a categorías con alta densidad de población, como «ingeniero», «especialista en humanidades» y «servicios internacionales».

Sin embargo, un funcionario de la Agencia de Servicios de Inmigración calificó de «prácticamente imposible» hacer cumplir un límite tan preciso, citando la necesidad de ajustes constantes y la reciente congelación de nuevos visados ​​para el sector de la alimentación tras alcanzarse el límite máximo.

Si bien el gobierno ya ha endurecido algunos requisitos para la obtención de visas, algunos creen que se producirá una desaceleración natural a medida que los países de origen se desarrollen económicamente.

Al comenzar el debate formal, ya empieza a vislumbrarse un posible compromiso.

Un funcionario del gobierno sugirió una vía intermedia basada en dos pilares: regulaciones más estrictas y políticas de integración social.

“Aunque establezcamos una cifra, debería ser solo una guía”, dijo el funcionario. “Podemos controlarlo para asegurar que el aumento no supere la tolerancia de la sociedad”.