De Alberto Matsumoto
El gobierno de Japón ha anunciado una reforma importante de la Ley de Migraciones y entre ellas, es la anulación del visado permanente “eiju” de los extranjeros por deudas impagas “dolosas” (dicen “akushitsu”, que significa que la persona ha omitido o ignorado las reiteradas intimaciones o citaciones que el ente acreedor ha enviado)
Quienes tienen el crédito hipotecario de la vivienda, préstamo por la compra del coche (carro), compras por tarjeta de crédito a cuotas y además préstamos “automáticos” con la tarjeta bancaria o de crédito, de manera conjunta y acumulada, para el día a día, es muy posible que, tarde o temprano, no puedan cumplir con ninguna de la obligaciones y en unos meses, salvo que tengan un empleo a tiempo completo con las deducciones de la seguridad social “shakai hoken” de la empresa, entrará en cesación de pagos y sin cobertura de salud teniendo que pagar el 100% de las consultas, tratamientos y medicina. Desde los primeros tiempos que llegaron a Japón, muchos de los trabajadores latinos, se estiraron más allá de sus posibilidades en las compras y gastos de toda índole.
Los que vinieron para ahorrar y cumplir con las deudas que tenían en su país o reconstruir un negocio o comprar una vivienda, lo hicieron muy a conciencia llevando un control bastante estricto de sus gastos. Pero, después de la crisis financiera de Lehman Brothers de 2008, se pudo constatar que muchos peruanos, brasileños y latinos en general, estaban más que endeudados y al perder sus trabajos y sufrir reducciones drásticas en las horas extras, tuvieron que optar por la quiebra voluntaria “jiko hasan” o judicial “hasan senkoku” y perder todos sus bienes. No son pocos los que dejaron sus coches en el Aeropuerto de Narita y se dieron a la fuga causando enormes costos administrativos a las entidades financieras para reordenar las desprolijidades causadas.
Han pasado 18 años de esa crisis y, hoy, la mayoría de los latinos, tienen la residencia permanente y algunos son “japoneses” por naturalización. Se supone que han aprendido de la experiencia propia y de otros que el sistema japonés, en ocasiones, es bastante flexible, pero según la política que implemente bajo determinadas circunstancias puede ser muy dura. Con la actual administración Takaichi se han aprobado varias reformas para vigilar y sancionar a los extranjeros que están de manera irregular y a los que, aunque tengan un visado, han cometido infracciones o actitudes dolosas reiteradas por impuestos, cuotas del seguro de salud y jubilación y deudas impagas.
En el 2009 por las inquietudes existentes en la comunidad latina realizamos algunas charlas con abogados y contadores para informarnos mejor y evitar caer en la quiebra o dejar impagas las deudas “para siempre”. Aprendimos que no podemos ignorar esas deudas y que no desaparecen.
Es cierto que hay deudas privadas que prescriben. Los créditos con los bancos o prestamistas, con las firmas de tarjetas de crédito y entre particulares, prescriben en general en 5 años (algunos en 10 años, según la modalidad en que hayan contraído la deuda, así que no es bueno generalizar demasiado).
Sin embargo, no prescriben de manera automática pues, los acreedores para cobrar lo que sea posible, envían primero intimaciones de pago hasta órdenes de pago con sentencia de un tribunal sumarial. Si el deudor ignora, puede recibir una orden de embargo judicial “saibansho no sashiosae” y llevarse todo lo que sea vendible.
Si se trata del crédito hipotecario con el banco son protocolos más rígidos y generalmente en unos meses la deuda traspasa a una firma cobradora para que embargue la casa y sean desalojados sin consideración alguna. En estos casos, cuando ya perciben dificultades de pago del crédito hipotecario es imperioso que vayan al banco para exponer el problema y la solución posible (de que han vendido el carro o algún bien de valor para efectivizarlo, de que tienen un plan para reducir las demás deudas, etc.). Caso contrario, la vivienda es vendida a una inmobiliaria o lo recompra el mismo banco y como suele pasar, el remanente de la deuda, sigue siendo una obligación del deudor porque con esa venta no cubre el saldo pendiente del crédito hipotecario. Es algo habitual en Japón que, excepto los inmuebles que se revalorizan en barrios de alta demanda (ej. algunos distritos de Tokio), la venta no implica cancelar la deuda sino reducirla.
Si en estas décadas no aprendieron a vivir con lo suyo y dentro de sus posibilidades, tal vez, esta es la última oportunidad que tienen porque con la jubilación, el empleo con menos paga, la edad y la salud en menor capacidad, ya no podrán pagar sus deudas.
Antes de caer en situación de quiebra “jiko hasan” existen métodos de reordenamiento de deudas como el “nin-i seiri” o “kojin saisei” que sin llegar a un procedimiento judicial pueden reducir algunas deudas. Sin embargo, con el “jiko hasan”, si bien quedan libres de deudas por orden judicial, quedan muy limitados en mantener una cuenta bancaria y sufren limitaciones en el trabajo, ni podrán tener una tarjeta de crédito durante varios años (quedan en lista negra), etc.
La Agencia de Servicios Migratorios ya está actuando – de hecho, lo viene haciendo desde antes – y de manera más contundente el control y sanción de los morosos porque hoy con el My Number les es más fácil detectar estas irregularidades.
Los extranjeros que abusan del cobro de subsidios públicos y principalmente del de supervivencia “seikatsu hogo”, también están en la mira. Es vos populis que varios han abusado del cobro de estos subsidios, sea con una separación o divorcio acordado, o con domicilios y municipios diferentes argumentado violencia doméstica u otra razón de «fuerza mayor», y en estos casos hasta ahora era difícil detectarlos, pero cada vez con la digitalización y cruce de los datos personales, será mucho más fácil verificar. El abuso de este subsidio ya fue, oportunamente, señalado en un informe de la Oficina de Auditoría Nacional de que extranjeros han cobrado de manera dolosa y que es una estafa “sagui” al Estado japonés. Probablemente, estos precedentes han incidido en la actual reforma de mayor control y sanción a los extranjeros.
¿Qué se puede hacer?
Los que están en esa situación de morosidad y encima tienen deudas con el municipio por el impuesto de residencia “juminzei” o los pagos del seguro de salud y jubilación, deben actuar rápidamente porque las deudas públicas prácticamente no prescriben. Y si han estado en el exterior (en su país), por ese tiempo ninguna de las deudas prescribe. Se sabe que hay latinos que ya no tienen domicilio en Japón, pero vienen solo para renovar el visado o cada dos años para evitar que el de residencia permanente quede vencido. Si no mantienen un domicilio – puede ser de un familiar – y no pagan el mínimo del impuesto municipal, la autoridad migratoria podría dar por sentado que ya no es residente ni contribuyente, por ende, y por las medidas que podrían entran en vigencia el año que viene, perder el visado que tienen, aunque tengan el “re-entry múltiple” cuya duración máxima es de cinco años.
Así que es necesario que entiendan que las deudas se pagan. Si se involucraron en deudas con prestamistas usureros – las hay muchas, incluso de renombrados bancos, pero que son subsidiarias – lo primero es reestructurar y/o unificar esas deudas para aliviar los cargas por intereses. Hay bancos que realizan esos trámites y gestores judiciales “shiho shoshi” y abogados “bengoshi” que ofrecen estos servicios.
Si la carga del crédito de la vivienda supera las posibilidades lo mejor es venderla y seguir pagando el remanente de lo que quedó de esa deuda, pero solicitando una vivienda social de la Prefectura o Municipio donde el costo del alquiler es bajo y puede aliviar mucho los costos fijos de la familia. Si tienen deudas con el municipio, con un hospital por una operación y tratamiento o con algún particular, deben honrarla con lo posible y evitar caer en situación de impago. Las posibilidades de regularizar cuando Migraciones envía la nota de anulación del visado, es tarde. Pocos abogados actuarán en favor de estos morosos reincidentes porque saben que no podrán cobrar ni el mínimo de sus honorarios. Ellos no pueden trabajar de manera gratuita.
La experiencia poscrisis 2008 y la pandemia enseñan que el gobierno, los bancos y los prestamistas privados, pueden tener cierta consideración y dar margen para cumplir con las obligaciones, pero no son de condonar íntegramente las deudas y mucho menos las públicas que por los procedimientos que aplican (siguen enviando citaciones e intimaciones de pago, aunque no tengan el domicilio actualizado) no prescriben. No lo olviden, no prescriben, por ende, no especulen. No echen a perder sus 20, 30 años de vida, de trabajo y esfuerzo, en Japón.
