Japón hará obligatorias las medidas contra el acoso de clientes: también se protegerá a los docentes de las exigencias abusivas de los padres
Desde el 1 de octubre, las empresas y las instituciones educativas deberán implementar medidas contra el acoso de clientes y usuarios, conocido en Japón como «kasuhara». La normativa busca proteger a los trabajadores frente a reclamos excesivos, intimidaciones y exigencias injustificadas.
30 de septiembre de 2026
A partir del 1 de octubre, Japón hará obligatorias las medidas contra el customer harassment, conocido como «kasuhara», que comprende conductas abusivas de clientes y otras personas relacionadas con un servicio. En el ámbito educativo, la obligación también alcanzará a las autoridades responsables de las escuelas, que deberán actuar frente a comportamientos abusivos de padres, tutores y residentes de la comunidad.
Un ejemplo de estas conductas sería exigir que un docente se arrodille para pedir disculpas porque un alumno chocó accidentalmente con otra persona en la calle.
En agosto, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón publicó directrices para orientar a las instituciones educativas. Estas establecen que deben responder con firmeza ante comportamientos que excedan los límites socialmente aceptables.
Entre los ejemplos señalados se encuentran:
- Exigir sin motivos justificados cambios de clase o de docente, o la renuncia de un profesor.
- Solicitar que la escuela vigile el comportamiento de los niños en lugares ajenos a la institución, como los parques.
- Obligar a un docente a arrodillarse para pedir disculpas.
- Intimidar mediante gritos o actitudes amenazantes.
- Amenazar con publicar comentarios negativos sobre la escuela en redes sociales.
Una encuesta nacional realizada en 2025 a escuelas públicas reveló que el 43 % de las 563 instituciones consultadas había recibido quejas excesivas o exigencias injustificadas de padres y otras personas. Además, el 93 % de los docentes que debieron atender estos casos afirmó haber sentido una carga laboral o emocional, de manera frecuente u ocasional.
Para afrontar el problema, las directrices recomiendan que varios docentes atiendan conjuntamente los casos, que las conversaciones puedan grabarse previa notificación y que las reuniones finalicen cuando hayan superado un tiempo determinado.
También se solicita a las autoridades educativas establecer canales de consulta, coordinar acciones con abogados y la policía, y crear equipos especializados para resolver estos conflictos. Algunas administraciones locales ya cuentan con departamentos que reciben consultas de las familias y colaboran directamente con las escuelas.
Las autoridades también advierten que las nuevas medidas no deben impedir que los padres presenten reclamos legítimos. Situaciones como el acoso escolar o el ausentismo pueden requerir consultas y solicitudes de intervención por parte de las familias, especialmente cuando consideran que la respuesta de la escuela es insuficiente.
Las directrices destacan que los padres y los residentes de la comunidad son socios fundamentales en el desarrollo y la educación de los niños. Por ello, mantener una comunicación habitual y construir relaciones de confianza seguirá siendo esencial.
El objetivo de la normativa es establecer límites claros frente a las conductas abusivas y, al mismo tiempo, favorecer una relación más saludable entre las escuelas, las familias y la comunidad, en beneficio de los estudiantes.
