La Agencia de Servicios de Inmigración de Japón busca cooperar más estrechamente con los ministerios relacionados como parte de sus medidas contra la mano de obra extranjera ilegal.
A partir de octubre, funcionarios de la agencia acompañarán a los inspectores del Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo en las patrullas que realicen en las obras de demolición y construcción que se encuentren bajo la jurisdicción del ministerio.
El objetivo de la agencia es comprender las condiciones en los lugares donde se produce el empleo no autorizado y brindar orientación administrativa y acciones legales al respecto. Asimismo, está considerando colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
Según la agencia, se descubrió que más del 70% de los extranjeros que se enfrentaron a procedimientos de deportación el año pasado habían trabajado ilegalmente.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia presentó en mayo su plan para lograr «Cero Inmigrantes Ilegales», reforzando las medidas enérgicas del gobierno contra las empresas que facilitan el trabajo ilegal.
El Ministerio de Transportes patrulla regularmente las obras de demolición y construcción en coordinación con los municipios locales. Sin embargo, estos funcionarios locales carecen de la potestad legal para verificar la identidad de los trabajadores extranjeros, incluso si se sospecha que se trata de mano de obra no autorizada.
Según la Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados, los residentes extranjeros deben portar su tarjeta de residencia en todo momento. Dado que los agentes de inmigración están autorizados a exigir la presentación de estas tarjetas, la agencia busca actuar con rapidez y contundencia enviándolos con las patrullas.
La agencia también planea coordinarse con el Ministerio de Medio Ambiente, que supervisa las instalaciones de almacenamiento al aire libre donde se guardan los residuos plásticos y la chatarra.
Se ha expresado preocupación por el hecho de que dichas instalaciones de almacenamiento se hayan convertido en focos de trabajo ilegal. La agencia está coordinando actualmente inspecciones conjuntas in situ con los municipios locales, que han establecido sus propias ordenanzas regulatorias.
La agricultura también se considera un sector con un alto índice de trabajo ilegal, donde las infracciones se disparan durante las temporadas de siembra y cosecha. En respuesta, la agencia de inmigración planea colaborar con el ministerio agrícola para concienciar sobre este problema.
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