El mercado del alquiler en Japón atraviesa una escalada de precios sin precedentes, impulsada por el encarecimiento del suelo, los costes de construcción y la mano de obra. La situación se agrava en las grandes ciudades debido a la reventa continuada de edificios a corto plazo, una práctica especulativa donde cada cambio de propietario deriva en exigencias de fuertes subidas de renta para los inquilinos.
En el distrito de Nerima, Tokio, una residente de unos 30 años recibió una «Notificación de revisión de alquiler» en la que se le informaba de que su mensualidad pasaría de 83 500 yenes a 120.000 yenes a partir de agosto. La cifra supone un incremento del 40%, algo que supera el 30% de sus ingresos mensuales, el límite recomendado para evitar una carga financiera excesiva.
La inquilina ya había aceptado una subida previa de 4.000 yenes en marzo de 2026 tras negociar con el anterior dueño. Sin embargo, apenas unos meses después, la propiedad volvió a venderse a otra empresa japonesa. La residente expresó su indignación ante este tipo de operaciones: «Se están repitiendo las reventas a corto plazo y me pregunto si se está trasladando esta carga a los inquilinos. ¿No debería haber límites a la reventa con fines especulativos?».
Las consultas por incrementos abusivos no dejan de crecer. El Gobierno Metropolitano de Tokio atendió 1 400 casos en el año fiscal 2024, el doble que el año anterior. Tras detectar situaciones extremas, como la de un edificio en Itabashi donde se duplicó la renta y se desactivó el ascensor tras el cambio de dueño, la administración abrió un servicio especial de atención en octubre de 2025, registrando 2 500 consultas en solo seis meses.
Según Seiji Osada, abogado del Colegio de Abogados de Tokio, la Ley de Arrendamientos de Terrenos y Edificios permite solicitar ajustes cuando la renta quede desfasada respecto al mercado local. Si las partes no acuerdan la cifra, el caso puede llegar a la mediación civil o a los tribunales.
Osada aclara puntos clave para la protección del inquilino:
Permanencia en la vivienda: Un propietario no puede desahuciar a un inquilino únicamente por no aceptar un incremento de renta.
Pago provisional: Mientras la justicia no dictamine una sentencia firme, el inquilino solo está obligado a pagar el importe que considere «razonable».
Riesgo de retroactividad: Si el juez determina que el aumento era justificado, el inquilino deberá abonar la diferencia acumulada desde la fecha de solicitud, más un 10% de interés anual.
Punto de acuerdo reciente: Los tribunales valoran cuándo se firmó el último pacto. En casos donde el contrato fue renovado recientemente, es muy poco probable que la justicia autorice un aumento brusco en un periodo tan corto.
El incremento de precios golpea con fuerza a la capital y a los grandes núcleos urbanos. Un estudio del portal At Home Co. revela que el alquiler medio de un departamento pequeño en los 23 distritos de Tokio alcanzó en junio de 2026 el récord histórico de 114 242 yenes. El retorno de la población al centro urbano tras la pandemia ha intensificado la demanda sobre una oferta cada vez más cara.
