Ocho prefecturas japonesas revisaron sus sistemas de denuncia de irregularidades en interés público tras una queja por acoso laboral contra el gobernador de Hyogo, Motohiko Saito. Asimismo, Hyogo y otras tres prefecturas mejoraron sus protocolos en respuesta a escándalos que involucraban a sus gobernadores o empleados. Según la Ley de Protección de Denunciantes, las organizaciones que reciben estos reportes sobre actos ilícitos internos están obligadas a investigar y tomar medidas correctivas.
Para evaluar la situación, el diario Mainichi Shimbun realizó una encuesta en las 47 prefecturas durante abril y mayo, consultando sobre el volumen de informes internos y el estado de sus sistemas de presentación de quejas. Al ser preguntadas sobre si habían modificado sus normativas a raíz del caso de Hyogo, ocho prefecturas respondieron afirmativamente: Hokkaido, Gunma, Ishikawa, Shiga, Osaka, Nara, Okayama y Kochi. Entre ellas, Gunma y Osaka decidieron que la aceptación o rechazo de una denuncia se determinará únicamente tras consultar con un abogado.
La encuesta también reveló cambios motivados por escándalos locales. Niigata modificó su sistema por un caso de manipulación de licitaciones; Fukui, por acusaciones de acoso sexual contra su gobernador; e Hiroshima, por falsificación de documentos oficiales. En particular, la prefectura de Hyogo prohibió explícitamente los intentos de identificar a los denunciantes, introdujo expertos externos para evaluar periódicamente la gestión de las quejas y comenzó a publicar resúmenes de las denuncias en su sitio web. Por su parte, Fukui, Hiroshima y Niigata separaron las labores de información de interés público de las divisiones de personal para evitar conflictos con las medidas disciplinarias.
El impacto del caso de Hyogo contribuyó a un notable aumento de la confianza en estos canales: las 47 prefecturas registraron un total de 292 denuncias en el año fiscal 2024, lo que representa 1,8 veces los 162 casos del periodo anterior. Ante esto, Shogo Hino, profesor de la Universidad Shukutoku, advirtió que las administraciones no deben ver los escándalos ajenos como un problema externo, sino mantener un sentido de urgencia y revisar sus sistemas para que sean justos e imparciales. Este repunte coincide con el vigésimo aniversario de la Ley de Protección de Denunciantes, que en diciembre sumará una reforma para imponer sanciones penales por despidos represivos y prohibir los intentos de identificar a los alertadores.
Fuente: Mainichi Shinbun
