– Ventajas, desventajas y consecuencias sobre la vida social y laboral –
En estas páginas no he dejado de advertir que no es bueno endeudarse más allá de las posibilidades, pero no pocos latinos residentes en Japón tienen deudas importantes empezando por la casa y demás bienes muebles y en tiempos de crisis siempre hay varios que entran de hecho en «cesación de pago” o atrasos en la cancelación de deudas. En la crisis financiera del 2009 se destapó el excesivo endeudamiento de muchos latinos y aprendieron la palabra «jiko-hasan” que significa quiebra judicial personal. La legislación japonesa contempla este trámite ante los tribunales para liquidar los bienes disponibles, pagar las deudas posibles y lo que queda eximirlos de todo pago, siempre y cuando el juez apruebe la inviabilidad de cancelar esas deudas. No siempre se reconoce toda la deuda y el objeto principal de este procedimiento es el alivio de los pagos y la reconstrucción de la vida social. No es queden totalmente libre de todas las deudas como algunos pregonan y abusan de este trámite judicial.
1) Algunas ventajas:
Deben contratar un abogado «bengoshi” o un gestor judicial «shiho-shoshi” para iniciar el procedimiento quien como apoderado notificará ante el tribunal y ante los acreedores el inicio de este trámite. El tribunal aprobará las deudas en base a las pruebas presentadas y luego dispondrá la liquidación de todos los bienes para pagar a los acreedores. Desde ese momento, los acreedores no podrán embargar bienes ni la cuenta bancaria ni el sueldo del peticionario de la quiebra judicial. En la liquidación de bienes el juez puede limitar que no sean objeto de la misma los ahorros equivalentes a 200.000 yenes y los electrodomésticos equivalentes también a esa cifra para que no quede despojado de todo. La deuda hipotecaria también quedaría eximida de pago, pero perdería totalmente el derecho a habitar el inmueble y la familia tendrían que mudarse a alguna vivienda municipal. La corte ordena la liquidación del inmueble y aunque quede pendiente la deuda con el banco porque el valor de venta no cubre la totalidad de la deuda, a través de este trámite judicial queda eximido de toda deuda. Lo mismo ocurriría con la deuda de un vehículo comprado en cuotas.
2) Algunas desventajas:
Al decretarse la quiebra individual judicial la misma queda publicada en el boletín oficial «kampo” con el nombre y la dirección del quebrado y bajo ningún punto de vista podrá pedir préstamos en bancos o agencias prestamistas ni solicitar una tarjeta de crédito por unos 10 años. Quedará en lista negra y por un tiempo no podrá ejercer algunas profesiones como la abogacía, contador, gestor matriculado, personal de seguridad, contratista, agencia de turismo, etc. Dentro de este contexto es de suma importancia que reordenen y racionalicen al máximo los gastos y eviten el despilfarro. Además, las deudas con particulares (amistades o parientes) no declarados durante el trámite judicial no podrán luego ser anuladas y por ende seguirán vigentes. Lo mismo con las obligaciones tributarias, de seguridad social y los servicios públicos.
Pasado cierto tiempo algunos preguntan si pueden tramitar nuevamente la quiebra judicial para liquidar nuevas deudas. La ley no lo impide, pero el juez analizará más detalladamente y exigirá más documentación para aprobar o no la validez de dichas deudas.
Algunos latinos han tramitado vía gestores judiciales la reducción de deudas motivados por la publicidad en TV de agencias que dicen recuperar lo que han pagado de más («kabaraikin no tetsuzuki). Sin embargo, por ejemplo, la firma Tokio Minerva compuesta por abogados y gestores se declaró en quiebra corporativa en junio pasado con una deuda de 55 millones de dólares perjudicando a más de 20.000 clientes. Hay que tener mucho cuidado también con estos tramitadores de deudas que cobran enormes comisiones y en ocasiones tienen arreglos con las mismas prestamistas.
3) Consecuencias:
Aunque una persona sea declarada en quiebra judicial no puede ser objeto de despido en el trabajo porque no es que haya cometido un delito penal, al menos eso sería lo correcto. Tampoco queda impedido en ejercer sus derechos políticos – si tienen la nacionalidad japonesa – ni puede ser expulsado de la vivienda que esté alquilando, siempre y cuando esté pagando correctamente en término. Ninguna persona tiene la obligación de notificar siquiera al empleador sobre esta decisión judicial y seguramente el abogado sabrá orientarlo debidamente para mantener la suficiente privacidad, aunque si hay deudas con compañeros de trabajo o con la misma empresa o contratista sería difícil evitar que se propague la información. Algunos señalan que no puede tramitar el pasaporte (japonés) y no podrá viajar al exterior, pero eso no es correcto. Solo si está en medio del trámite judicial tiene la obligación de notificar al juez para no perturbar las audiencias y lo usual es que esas salidas sean por trabajo o alguna emergencia y no de larga duración. En la constancia de domicilio «juminhyo” o en el registro de familia «koseki” tampoco figurará la declaración de quiebra.
Lo que no hay que olvidar es que esta decisión judicial es la eximición de pago de deudas admitidas por la justicia que generalmente es la de la casa, préstamos personales con bancos y prestamistas y las de las tarjetas de crédito.
Las deudas impagas de los impuestos, cuentas de agua, gas y luz, cuotas del seguro de salud y aporte a la jubilación, el arancel de la escuela pública y de la guardería (nido) de sus hijos, no son objeto de eximición y se deben seguir pagando de manera habitual. Eso significa que para evitar una situación de desprotección en la seguridad social es indispensable seguir pagando las debidas cuotas o por lo menos informar del trámite de quiebra para solicitar facilidades en la cancelación de esas deudas (no hay rebajas ni reducciones). Lo mismo con los honorarios facturados por el abogado o gestor judicial que rondaría los 250.000 yenes o un poco más según el caso (1). Tampoco queda eximido de las multas por infracciones de tránsito o sentencia judicial por un delito penal menor o los daños económicos causados por dolo o negligencia a terceros. Las deudas por apuestas, tampoco.
Y un tema importante es que, si está separado y pagando alimentos a su expareja e hijos, esa obligación sigue vigente.
En tiempos de crisis y pérdida de empleo se sinceran los números y probablemente haya personas que opten por este trámite judicial para aliviar sus deudas, pero no es para nada recomendable abusar de estos procedimientos y antes de iniciar semejante proceso se recomienda reordenar las deudas.
(1) Sobre los honorarios se puede solicitar un préstamo a cuenta del Centro de Ayuda Legal de Japón «Ho-Terasu (Japan Legal Support Center)” para luego pagarlo en cuotas. https://www.houterasu.or.jp/service/index.html
El «Ho-Terasu” tiene un sistema de atención multilingüe para residentes extranjeros: https://www.houterasu.or.jp/en/consultation_service/index.html
(2) Divorcio y Deuda Hipotecaria, Web de Latin-a, 2018.9 http://latin-a.com/
Por: Lic. Alberto Matsumoto